Capítulo II
Derecho urbanístico y del suelo
Urbanismo, ordenación del territorio, licencias de obras, construcciones ilegales y regularización en un marco descentralizado.
Conforme al artículo 148.1.3.ª de la Constitución, las comunidades autónomas ostentan la competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Cada comunidad ha aprobado, por ello, su propia legislación urbanística, mientras que el Estado conserva la regulación de las condiciones básicas relativas a las situaciones del suelo, las valoraciones y los derechos y deberes de los propietarios, recogidas hoy en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 confirmó que el Estado no puede dictar un código urbanístico completo para todo el territorio nacional. Las cuestiones urbanísticas deben analizarse siempre, en consecuencia, a la luz de la legislación de la comunidad autónoma correspondiente y de los instrumentos de planeamiento del municipio afectado.
II.1Urbanismo
El Derecho urbanístico determina cómo puede transformarse y utilizarse el suelo. La legislación estatal distingue las situaciones básicas del suelo (rural y urbanizado), mientras que las leyes autonómicas clasifican el suelo en categorías como el suelo urbano, el urbanizable y el no urbanizable, cada una con su propio régimen de derechos y deberes.
II.2Ordenación del territorio
Los planes territoriales de ámbito autonómico y, en algunas comunidades, insular o subregional coexisten con los planes generales municipales. La jerarquía y la fuerza vinculante de estos instrumentos varían de una comunidad a otra, y los planes pueden ser anulados por los tribunales, lo que puede determinar la reviviscencia del planeamiento anterior.
II.3Licencias de obras
Las obras y los cambios de uso requieren, por lo general, licencia municipal o, para un número creciente de obras menores, una declaración responsable o comunicación previa. El ámbito de cada régimen se define en la legislación autonómica y en las ordenanzas municipales. Las licencias otorgadas en contra del planeamiento pueden ser objeto de revisión y anulación.
II.4Conformidad urbanística
Comprobar si una edificación se ajusta al planeamiento aplicable, a la licencia otorgada y a la descripción que figura en el Registro de la Propiedad constituye un elemento esencial de toda adquisición. Los certificados expedidos por el ayuntamiento y la inscripción de la declaración de obra nueva son indicios relevantes, aunque no siempre concluyentes.
II.5Construcciones ilegales
Las obras ejecutadas sin licencia o en contra de sus determinaciones pueden dar lugar a procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística, incluida la demolición, así como a sanciones administrativas. Los plazos para el ejercicio de las acciones de restablecimiento los fija la legislación autonómica y varían considerablemente; respecto de determinadas categorías de suelo protegido, numerosas leyes autonómicas disponen que no existe plazo alguno. Los supuestos más graves pueden constituir, además, delitos sobre la ordenación del territorio tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal.
II.6Regularización
Varias leyes autonómicas prevén mecanismos para reconocer la situación de las edificaciones respecto de las cuales ya no pueden adoptarse medidas de restablecimiento, como el régimen de asimilado a fuera de ordenación en Andalucía. Este reconocimiento no legaliza la edificación; determina qué obras y usos siguen siendo admisibles.
II.7Suelo rústico
El suelo rústico o no urbanizable está sujeto a estrictas limitaciones edificatorias. Las viviendas en este tipo de suelo solo se admiten en los supuestos y con las condiciones expresamente previstos por la legislación autonómica, y las normas sobre parcela mínima, uso agrario y categorías de protección deben examinarse caso por caso.
II.8Cambios de clasificación del suelo
La reclasificación y la recalificación del suelo se llevan a cabo mediante la modificación o revisión de los instrumentos de planeamiento, que exigen participación pública, evaluación ambiental estratégica cuando proceda y aprobación por las autoridades competentes. Los propietarios no tienen un derecho general a obtener una clasificación determinada, y la legislación estatal regula la indemnización en supuestos limitados.
II.9Legislación urbanística autonómica
Cada comunidad autónoma cuenta con su propia ley urbanística. Cabe citar, entre otras, la LISTA en Andalucía (Ley 7/2021), el TRLOTUP en la Comunitat Valenciana (Decreto Legislativo 1/2021), la Ley 13/2015 en la Región de Murcia, la Ley 9/2001 en la Comunidad de Madrid, la Ley 12/2017 en las Illes Balears y la Ley 4/2017 en Canarias. Estas leyes se modifican con frecuencia.
II.10Procedimientos administrativos
Las decisiones urbanísticas son actos administrativos sujetos al procedimiento administrativo común (Ley 39/2015) y pueden impugnarse en vía administrativa y ante la jurisdicción contencioso-administrativa (Ley 29/1998). El Derecho urbanístico reconoce asimismo una acción pública que permite a cualquier persona exigir la observancia de la legislación urbanística.
Fuentes principales
- Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978España
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación UrbanaEspaña
- Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA)Andalucía
- Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (TRLOTUP)Comunitat Valenciana
- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de MurciaRegión de Murcia
- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de MadridComunidad de Madrid
- Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes BalearsIlles Balears
- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de CanariasCanarias